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ESPACIO EDUCATIVO PARA BUENOS CIUDADANOS

¿Democratizar la Justicia o desmilitarizar la sociedad civil?

Lo que está en el fondo de la sentencia de Tucumán es la impunidad de delitos del poder, que en la Argentina de 2012 es absoluta y que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar.

© La Voz del Interior 16/12/2012     Dr. Juan Carlos Vega (ABOGADO)

(Presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos)

¿Qué nos pasa a los argentinos? Hace una semana, aplaudimos la digna actitud de la Justicia argentina por los frenos y controles que puso a los abusos del poder político. La Justicia argentina estaba en el altar.

Cinco días después, y de manera unánime, la condenamos por corrupción a raíz de la sentencia dictada en el trágico caso de Marita Verón. Y la presidenta Cristina Fernández ha decidido plegarse a los humores sociales y encabezar la condena a la Justicia argentina.

Del mismo modo sucedió antes con las “leyes Blumberg” y con el caso María Soledad Morales.

Es difícil el crecimiento democrático argentino. Una indignación social totalmente justificada no pude llevarnos a confundir condenas sociales con condenas legales, y menos aun a proponer desde el poder del Estado iniciativas de alta peligrosidad para las libertades individuales y los derechos humanos, como la de democratizar la Justicia sin precisar en qué consiste exactamente esta democratización para un poder político que siempre ha buscado tener lo que Balzac llamaba “jueces del poder”.

Condenas sociales y condenas legales. El argentino debe saber que las condenas sociales se expresan en las urnas y mediante el voto popular, y las condenas legales se expresan en sentencias de jueces independientes e imparciales, y están fundadas en las pruebas del juicio. Este es un paradigma central en una democracia.

No sólo es un error sino que es altamente peligroso para la sociedad pretender que las condenas sociales se expresen a través de sentencias judiciales.

Estos son linchamientos revestidos de legalidad y no hay nada más grave para el ciudadano de a pie que correr ese riesgo. Que la Presidenta, por razones de estricta demagogia, alimente este humor popular es gravísimo.

En la Argentina, son indispensables cambios culturales, jurídicos y políticos en la estructura de la Justicia. Esta tiene serios problemas con la sociedad y está en gran medida divorciada de la realidad.

Existen vergonzosos jueces del poder, como Norberto Oyarbide, y el Consejo de la Magistratura se ha transformado en un club de intercambio de favores políticos y no es más un órgano de control de independencia y de imparcialidad de la Justicia.

Pero este diagnóstico no avala el linchamiento político de la Justicia que nos propone la Presidenta. Una conducta seria de parte de ella sería la de avalar la sanción de la ley de trata de personas, que duerme en Diputados desde hace más de un año y que ahora la presión del caso Marita Verón obligó a tratar en sesiones extraordinarias.

Una conducta seria de la Presidenta en respaldo de la sociedad sería la de apoyar la sanción de la ley de reforma del Código Penal en relación con los delitos del poder, que duerme en Diputados desde hace más de dos años.

Pero pretender congraciarse con la sociedad mediante la condena global a la Justicia de la democracia es demagogia y genera violencia social.

El argentino debe saber que el único orden social posible es el de la ley. No hay otro.

Los poderes que se declaran justicieros son, en el fondo, enemigos de la ley y amigos de abusos del poder.

La Justicia es la ley y la ley es lo que dicen los jueces que es la ley. Este es el silogismo elemental de una cultura de la legalidad. Y las sentencias de los jueces están para ser cumplidas, nos gusten o no nos gusten y aun cuando las dicte Oyarbide. Lo otro es fascismo.

Trata de personas. La trata de personas es un delito trasnacional legislado por la Convención de Palermo, de la cual Argentina es parte.

Existe un proyecto de ley de trata de personas que tiene sólo media sanción de Diputados porque el poder gobernante recién ahora decidió discutir en serio.

El delito de trata tiene conexidad objetiva y subjetiva con los delitos de corrupción y los de lavado de activos, que son también delitos trasnacionales.

Trata, corrupción y lavado son delitos del poder (político y económico) que siempre van de la mano y que en la Argentina tienen total impunidad legal y judicial.

Un juez argentino prefiere juzgar 10 robos y cinco homicidios y no un delito de trata ni de corrupción ni de lavado. En la Argentina de 2012, los delitos del poder tienen impunidad absoluta. Legal, judicial y social. ( ¡ ! )

Un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y sólo tiene un cuatro por ciento de condenas (informe Cipce, 2005).

Cuando la Presidenta y gran parte de la oposición se declaran escandalizados por la sentencia dictada en Tucumán, deben decir que saben que esa sentencia no es más que la punta de un iceberg.

Lo que está en el fondo de esa sentencia es la impunidad de delitos del poder, que en la Argentina de 2012 es absoluta y que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar.

Democratizar la Justicia quiere decir darle más ley, mayor independencia y mayor imparcialidad.

Y, por cierto, mayor castigo a los jueces deshonestos y nunca más jueces del poder.


Una solución de curso POSIBLE:

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ARGENTINASIGLOXXI

Protesta Social y Represión

Protesta Social y Represion

La protesta social no es punible, siempre que se la ejerza dentro de los límites de la legalidad y la convivencia civilizada, ya que el Estado tiene el deber de resguardar los derechos de los ciudadanos.

EDITORIAL © LA VOZ del Interior 19/02/2012

La palabra “represión” había caído casi en desuso. Y no porque no exista en el diccionario, con el significado que define la Real Academia, o en la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.

Sucede que en los últimos años, e impulsado por el gobierno kirchnerista, el ideal de tolerancia permanente se ha confundido con una especie de permisividad irrestricta. Hubo varios episodios en los que se alteró el orden público y se puso en riesgo la seguridad, la libertad y hasta la vida de las personas.

Incluso a veces quienes reprimían en los hechos eran los manifestantes o los grupos políticos violentos, que no trepidaban en agredir a policías o a simples ciudadanos.

Cabe una digresión: cuando asumió Néstor Kirchner como presidente de la Nación, en 2003, el país no acababa de salir de una dictadura represiva, sino que llevaba 20 años de democracia y de vigencia del Estado de derecho, de modo que el kirchnerismo no inventó nada nuevo en materia de protección a los derechos y garantías individuales. En todo caso, ese mérito correspondió al primer gobierno de la democracia recién restaurada, es decir el de Raúl Alfonsín a partir de 1983, y a la sociedad que lo acompañó.

El gobierno de los Kirchner tampoco estuvo solo en el proceso de promover la tolerancia. Hubo entidades de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y jueces que proclamaron la doctrina de que no se pueden penalizar las protestas sociales.

La doctrina es justa, ya que –en efecto– la protesta social no es un hecho punible en sí mismo. El problema surge cuando se exceden los límites de la legalidad y la convivencia, por aquello de que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.

El caso es que ahora, en una clásica vuelta de tuerca de la política argentina, es el gobierno kirchnerista el que ha sido puesto en el banquillo de los acusados por represión.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, rechazó el cambio de actitud del Estado en lo referido a las protestas sociales y criticó con dureza los últimos episodios en los que hubo represión, como los enfrentamientos de trabajadores camioneros con la Policía de Chubut, el choque en Catamarca por las marchas contra las minas a cielo abierto (un tema tan ambiental como el corte del puente de Gualeguaychú, que el kirchnerismo soportó y hasta avaló por más de dos años) o la represión a ex combatientes de Malvinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Son, por cierto, situaciones distintas, que merecen tratamientos distintos. Pero hay un principio general: la protesta social no es punible, siempre y cuando se ejerza dentro de los límites de la legalidad y la convivencia civilizada, sin violencia y sin agresiones a las personas y los bienes públicos y privados.

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COMENTARIO de Juan Ubaldo Mason, autor de este Blog “ArgentinaSigloXXI”

El lector visitante de este BLOG-PROPUESTA DE REFORMA MODERNIZADORA de nuestra CONSTITUCION comprobará que estos problemas, o temas, son: Profunda, Concisa, Clara y Medularmente tratados y definidos tanto en el PEDESTAL 4º como en su ARTÍCULO 10º.

Por lo que se sugiere una detenida reflexión consciente hacia la propia ACTITUD a adoptar, sobre PROMOVER O NO la reforma QUE PROPONE.-
Agradeciendo por anticipado su atención, les saluda

Juan Ubaldo Mason

Cómo van a aplicar el rigor de la ley?

Cómo van a aplicar el rigor de la ley?

El gobernador José Manuel de la Sota anunció que enviará un proyecto de ley para castigar con mayor dureza los excesos en las protestas.

Adrián Vitali.                                                                             ©    La Voz del Interior 12/02/2012

El gobernador José Manuel de la Sota anunció que enviará un proyecto de ley para castigar con mayor dureza los excesos en las protestas y que sancionará de modo severo a quienes quemen cubiertas en la vía pública, porque contaminan al medio ambiente, y a los que tiren bombas de estruendo que puedan causar muerte o daños físicos.

Los vecinos que cortan calles y queman gomas en forma ocasional no son una corporación creada por grupos extremistas internacionales, financiados por la oposición para atentar contra una gestión oficial.

Cuando lo hacen, es porque se les ha privado de algún bien esencial, como el agua, la luz, el transporte, la seguridad, la salud o el trabajo.

Lo hacen para que los vean y los escuchen a través de los medios de comunicación y algún funcionario de los que tienen la responsabilidad y el deber de solucionarles los problemas, se anime y pueda recibirlos.

La gente, en los cortes de calles, no tira bombas de estruendo. Las bombas se tiran en el centro de la Capital, en marchas de protestas organizadas por gremios o por partidos políticos, con capacidad económica para semejante gasto.

Los cortes de calles en la periferia de la ciudad nunca son planificados, no son dolosos; son auténticas puebladas donde los vecinos hartos salen a cortar la indiferencia de los estados que subestiman su paciencia y su altruismo.

Los vecinos que cortan las calles no son los responsables de los problemas ambientales, ni los culpables del calentamiento global porque quemen alguna cubierta vieja donada por la gomería del barrio.

Frente a los reclamos sociales, ¿cómo van a hacer para aplicar el rigor de la ley? ¿A quién van a detener? ¿Al gomero del barrio que aportó la cubierta en desuso? ¿Al empleado de la estación de servicio que expende combustible en un bidón sin tapa? ¿Al quiosquero que vendió una caja de fósforo? ¿A todos los que están cortando la calle? ¿O a los funcionarios que tenían que hacer las obras para una mejor calidad de los servicios y no las hicieron?

Cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades constitucionales, está atentando contra la paz social. ¿Por qué será que siempre se sanciona al que reacciona y nunca al que provoca? El que quiera entender, que entienda.

Si queremos erradicar las bombas de estruendo, las quemas de cubiertas, los cortes de calles, tenemos que fijarnos en las políticas que diseñamos.

Los cortes de calles no sólo son molestos y riesgosos sino que son la manifestación de una tragedia futurista.

* Uno de los autores del libro “Cinco curas, confesiones silenciadas”.

Mi  RESPUESTA

breve, en la misma fecha, de Juan Ubaldo Mason, en este blog de su autoría “ArgentinaSigloXXI”.-

Al Sr Adrián Vitale:

Ud ha tenido oportunidades o, como en este caso, de editar en la nutrida compañía de varios ex sacerdotes o contestatarios, sea a veces desde el púlpito confesional; sea mediante editoriales con libros o libelos; como el citado en la nota que menciono; sus opiniones acerca de diversos, discutibles, presuntos o reales, “temas sociales” que trascienden lo religioso como en éste expresa.-

La paz social y la convivencia pacífica, son características propias e inherentes a la vigencia de un sistema Civil, Laico, Republicano y de Derecho, donde se respeten las leyes y se disfrute de los derechos que éstas nos confieren.

Por lo que me place responder a Ud. que, probablemente, el funcionario que Ud. cita, esté de acuerdo por haber leído alguna de las opiniones volcadas en mi propuesta de reforma constitucional, según se describe en mis Declaraciones Liminares y/o Creencias Básicas y en el texto del Articulo Nº 10 que propongo en ese trabajo.

Si fuere así, por mi parte, me apresuro a anticipar y confirmar esa disposición adhiriéndome en plenitud a ella.

Y, por lo tanto rechazo cualquier categorización de “lucha social” a una eventual y equívoca “lucha de clases”.

Juan Ubaldo Mason



Sobre ÉTICA y Fallas Morales

La condena del señor Falo

Marcelo Falo era un respetable empleado legislativo, al que sus superiores lo veían capaz y responsable.

Eduardo Bocco “Temas” © La Voz del Interior 31/12/2011

Marcelo Falo era un respetable empleado legislativo, al que sus superiores lo veían capaz y responsable. Curiosamente, sorprendía por sus conocimientos contables y su racionalidad. Sin embargo, carecía de títulos universitarios, cosa que nunca le gustó decir. Quién sabe por qué, el dependiente calificado nunca recibió un título de educación superior.

El joven simpático, responsable y eficiente se fue haciendo un camino y de pronto se ganó la confianza de José Manuel de la Sota, a quien acompañó en sus gestiones en la Provincia, en especial en la segunda, donde se convirtió en una suerte de hombre fuerte del gobierno.

Allí comenzó a aparecer un rasgo desconocido públicamente: la petulancia y la soberbia. De allí a tener aspiraciones propias y creerse un “sabelotodo” y un “todolopuedo”, hay poca distancia.

De pronto, guardó bien guardada su vida austera y trepó a un nivel mucho más acomodado, al que le adosó un toque de exhibicionismo.

Relojes, ropa importada y la infaltable cuatro por cuatro se convirtieron en algo de todos los días para él.

Su apetito por el poder se plasmó en un proyecto concreto: ser intendente de Córdoba en 2011. Como no tuvo aval político y económico expreso para su aventura, armó un esquema financiero propio tan archiconocido como peligroso y que en la city llaman “bicicleta”.

El sueño se hizo trizas cuando uno de los tantos acreedores del ex funcionario provincial se presentó en la Justicia. En realidad, el sueño de Falo no terminó allí, sino cuando sus trapisondas tomaron estado público y Córdoba se enteró de lo que en realidad estaba haciendo este ex niño maravilla, mientras preparaba su candidatura a intendente de la ciudad de Córdoba.

El miércoles pasado, un juez provincial sobreseyó a Falo. Para la ley, no cometió estafa. Librar cheques sin fondo y, tal vez, aprovecharse de su influencia como hombre público no es delito. No se comprobó una actitud dolosa y no hay una figura en el derecho penal que reprima a los embaucadores de esa laya.

Ahora, Falo está mano a mano con la ley. En esa causa, al menos, no luce el calificativo de “imputado”.

Sin embargo, la gente piensa otra cosa. Falo ganó una batalla, pero la guerra la deberá seguir dando. Y perdió, pierde y perderá muchísimas batallas más. Esas pequeñas guerras que se dan en un bar, en un parque público o en el área peatonal, y un Juan Pueblo cualquiera que lo reconoce lo insulta o le recuerda con palabras soeces sus desventuras.

Por eso, Falo no podrá pasear tranquilo por la ciudad. No podrá ir a tomar un helado o hacer un trámite tan fácilmente como cualquiera de los mortales que camina por la vida sin deberle nada a nadie. Siempre habrá una voz condenatoria, que durará hasta que la gente lo disponga. Así son las cosas.
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DEMOCRACIA Y RELACIONES DE PODER

Democracia y relaciones de poder

El politólogo chileno Manuel Garretón afirma que para mejorar la calidad de la política en la región hay que democratizar las instituciones.
“Hacen falta reformas más profundas que las hechas hasta ahora”, dice Garretón.
Juan Navarro (Especial) © La Voz del Interior 31/12/2011 Si el vertiginoso ingreso a la globalización y el fin de los experimentos neoliberales en América latina al despuntar el siglo 21 confrontaron a la política con la tarea de reconstruir las relaciones entre la sociedad y el Estado, una década después, los desafíos parecen ser otros. “Hoy, la problemática de la política es la propia política, su espacio y su sentido”, afirma el sociólogo y politólogo chileno Manuel Garretón.

Doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París), autor de varios libros sobre sociología política, procesos democratizadores y transiciones, Estado y sociedad, Garretón indaga desde hace años los procesos políticos de América latina.

En diálogo con este diario, explica: “Uno veía un país (Bolivia) al cual el presidente le cambiaba el nombre, instituía una nueva lengua oficial y celebraba varias asambleas constituyentes.

En otro país (Argentina) la gente decía ‘que se vayan todos’, y el gobierno se declaraba en default. Incluso Chile, al tiempo que encabezaba algún ranking de calidad democrática, heredaba una constitución de la dictadura y mantenía a (Augusto) Pinochet como comandante en jefe del Ejército”.

Con aciertos y limitaciones, la política se hizo cargo de refundar el vínculo del Estado con la sociedad. En la actualidad, las demandas se han desplazado. Según el investigador chileno, un aspecto a considerar es la calidad de las democracias de la región. O para decirlo con sus palabras, evaluar la “democraticidad de las instituciones democráticas”.

“Los sistemas electorales, por ejemplo, no son mecanismos neutrales. Un sistema con lista cerrada tiene un carácter democrático distinto al de un sistema donde el elector puede marcar con una cruz sus preferencias. El mecanismo de selección de los miembros del Poder Judicial es otro ejemplo. Son cuestiones que afectan claramente la calidad de la democracia”, afirma.

Advierte que otro de los factores que condicionan la realidad política regional son los flujos financieros y económicos globales. “No importa lo que decidan los ciudadanos o lo que quieran sus representantes, las decisiones van por otro lado. Eso tiene que ver con fenómenos que escapan a la polis; el nivel de empleo de una provincia entera puede depender de la Bolsa de Tokio. En una encuesta hecha por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 300 dirigentes políticos dijeron que el 80 por ciento de los problemas no los deciden las autoridades. Hay que hacerse cargo de este tema”, dice.

Influir en el conjunto. Garretón menciona la existencia de diversos actores que usan la legitimidad conseguida en una actividad específica para incidir en la toma de decisiones que afectan el conjunto social.

Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el poder mediático en ciertos contextos, o las instituciones estatales pueden incurrir en esas conductas, según su opinión.

“El llamado decisionismo o presidencialismo”, y la judicialización de asuntos que deberían ser tratados por los órganos políticos, son algunas de las falencias institucionales señaladas por el autor.

“En todos estos campos se juegan relaciones de poder y los mecanismos de decisión no son democráticos. Hay que pensar en instituciones que permitan extender los principios democráticos a esas instancias, es decir la capacidad de decisión colectiva”, remarca. Además, los modelos productivos también inciden. “Una sociedad industrial – advierte – es mucho más proclive a la democracia, que un modelo puramente primario exportador”.

A la hora de apuntar logros, Garretón destaca el modelo político brasilero. “Es quizá uno de los más exitosos”. ¿Los motivos? En buena medida, “la relación entre partidos, liderazgo político – con la preponderancia de Lula – Estado y movimientos sociales. Esta es una combinación que ha tenido un círculo virtuoso, mientras que en otros países se ha visto desagregada y estallada”.

Este balance entre los componentes estatales e institucionales, junto al reconocimiento de los límites que el modelo económico mundial impone y, al mismo tiempo, el impulso de reformas sociales y económicas que mejoran las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, explica en buena medida los avances en el país más poderoso de Sudamérica.

–¿Por qué remarca la necesidad de un núcleo ético que dé sustento a la democracia?
–El núcleo ético se refiere a demandas históricas y particulares de una Nación, por ejemplo los derechos de los pueblos originarios en Bolivia, y a una problemática general, la cuestión de la igualdad. La igualdad no es sólo la igualdad de oportunidades, según la óptica neoliberal. El tema de hoy es la igualdad de posiciones. No se trata de que las mujeres llegan a los cargos gerenciales, o de que los obreros puedan llegar a ser ejecutivos, sino de que la distancia entre las posiciones de ejecutivos y obreros, entre hombres y mujeres, entre los que tienen educación secundaria y los universitarios se reduzca profundamente en términos de los ingresos que perciben. Hacen falta reformas estructurales más profundas que las hechas hasta ahora.

–Se ha referido a la idea de polis en alusión al ejercicio del poder popular en democracia…
–No es exactamente el poder popular. La idea de polis democrática alude a una sociedad que participa en la toma decisiones trascendentes. En un espacio territorial existen culturas, una estructura social, una economía y un sistema de toma de decisiones con un centro que es el Estado. De lo que se trata es de que las decisiones relevantes que afectan a la gente sean tomadas por esa base social, sean los ciudadanos o sus representantes en el Estado. Hoy puede ocurrir que tengamos sistemas democráticos que funcionen bien y, sin embargo, los problemas que tienen que ver con el empleo o el medio ambiente los toman los flujos financieros internacionales.

–¿Son los partidos políticos o los propios ciudadanos quienes deberían tomar a su cargo esta tarea?
–La idea es un triple equilibrio entre la capacidad decisoria del Estado, el sistema de partidos y la sociedad civil. Ninguna de estas tres instancias está asegurada. El Estado muchas veces es impotente frente a los grandes temas de la globalización o, incluso, frente a poderes internos, como puede ser el narcotráfico en algunos países. Pero también hay un problema en los sistemas de partidos; la ausencia de ideologías, que en otras épocas permitían decir a los partidos “yo apuesto a este tipo de sociedad”. Más bien aparece una cantidad de demandas y de conflictos que los partidos tienen que resolver en un marco de condicionamientos económicos. No hay mucha diferencia entre lo que cada uno propone, lo cual ha provocado el estallido del sistema de partidos en muchos países y en otros, su distanciamiento de la sociedad. Esto no se resuelve con lo que hoy se llama empoderamiento del ciudadano, una expresión que muchas veces oculta demandas individuales y da lugar más a una suma de reclamos que a planteamientos de proyectos para la sociedad. Si los movimientos ciudadanos no se hacen cargo de la dimensión política, es decir de la polis, y sólo se preocupan por lo que toca a un grupo de individuos o a un sector particular, pueden caer en demandas corporativas. Las coaliciones políticas van a tener un papel fundamental, porque en la medida que los clivajes (los conflictos o divisiones que inciden en la representación política) de la sociedad sean tan complejos es muy difícil que los partidos expresen al conjunto de la sociedad.

– ¿Cómo puede impactar en la región la crisis económica de Estados Unidos y Europa?
–En la medida en que se mantenga la presencia de China como país de desarrollo pujante que se provee en América latina de bienes primarios, o que haya un mercado mundial que tire los precios de las materias primas hacia arriba, no pareciera que estemos ante una crisis económica en puerta, que pueda impactar en lo político. Más allá de la coyuntura, observamos que los regímenes institucionales y políticos parecen no dar cuenta de nuevos tipos de demandas y de actores sociales. Las orientaciones políticas de la ciudadanía se dirigen a las satisfacciones individuales o de grupos particulares. Pareciera haberse perdido la idea de polis, es decir de un pueblo que es mucho más que la suma de sus ciudadanos o de los problemas individuales. En aquellos países en los que esta idea se ha rescatado, uno ve muchos desgarros y polarizaciones. Incluso los avances que se han hecho respecto de temas como la igualdad y erradicación de la pobreza, pueden sufrir una vuelta atrás en la medida en que pierdan legitimidad las instituciones políticas.