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¿Democratizar la Justicia o desmilitarizar la sociedad civil?
Lo que está en el fondo de la sentencia de Tucumán es la impunidad de delitos del poder, que en la Argentina de 2012 es absoluta y que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar.
© La Voz del Interior 16/12/2012 Dr. Juan Carlos Vega (ABOGADO)
(Presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos)
¿Qué nos pasa a los argentinos? Hace una semana, aplaudimos la digna actitud de la Justicia argentina por los frenos y controles que puso a los abusos del poder político. La Justicia argentina estaba en el altar.
Cinco días después, y de manera unánime, la condenamos por corrupción a raíz de la sentencia dictada en el trágico caso de Marita Verón. Y la presidenta Cristina Fernández ha decidido plegarse a los humores sociales y encabezar la condena a la Justicia argentina.
Del mismo modo sucedió antes con las “leyes Blumberg” y con el caso María Soledad Morales.
Es difícil el crecimiento democrático argentino. Una indignación social totalmente justificada no pude llevarnos a confundir condenas sociales con condenas legales, y menos aun a proponer desde el poder del Estado iniciativas de alta peligrosidad para las libertades individuales y los derechos humanos, como la de democratizar la Justicia sin precisar en qué consiste exactamente esta democratización para un poder político que siempre ha buscado tener lo que Balzac llamaba “jueces del poder”.
Condenas sociales y condenas legales. El argentino debe saber que las condenas sociales se expresan en las urnas y mediante el voto popular, y las condenas legales se expresan en sentencias de jueces independientes e imparciales, y están fundadas en las pruebas del juicio. Este es un paradigma central en una democracia.
No sólo es un error sino que es altamente peligroso para la sociedad pretender que las condenas sociales se expresen a través de sentencias judiciales.
Estos son linchamientos revestidos de legalidad y no hay nada más grave para el ciudadano de a pie que correr ese riesgo. Que la Presidenta, por razones de estricta demagogia, alimente este humor popular es gravísimo.
En la Argentina, son indispensables cambios culturales, jurídicos y políticos en la estructura de la Justicia. Esta tiene serios problemas con la sociedad y está en gran medida divorciada de la realidad.
Existen vergonzosos jueces del poder, como Norberto Oyarbide, y el Consejo de la Magistratura se ha transformado en un club de intercambio de favores políticos y no es más un órgano de control de independencia y de imparcialidad de la Justicia.
Pero este diagnóstico no avala el linchamiento político de la Justicia que nos propone la Presidenta. Una conducta seria de parte de ella sería la de avalar la sanción de la ley de trata de personas, que duerme en Diputados desde hace más de un año y que ahora la presión del caso Marita Verón obligó a tratar en sesiones extraordinarias.
Una conducta seria de la Presidenta en respaldo de la sociedad sería la de apoyar la sanción de la ley de reforma del Código Penal en relación con los delitos del poder, que duerme en Diputados desde hace más de dos años.
Pero pretender congraciarse con la sociedad mediante la condena global a la Justicia de la democracia es demagogia y genera violencia social.
El argentino debe saber que el único orden social posible es el de la ley. No hay otro.
Los poderes que se declaran justicieros son, en el fondo, enemigos de la ley y amigos de abusos del poder.
La Justicia es la ley y la ley es lo que dicen los jueces que es la ley. Este es el silogismo elemental de una cultura de la legalidad. Y las sentencias de los jueces están para ser cumplidas, nos gusten o no nos gusten y aun cuando las dicte Oyarbide. Lo otro es fascismo.
Trata de personas. La trata de personas es un delito trasnacional legislado por la Convención de Palermo, de la cual Argentina es parte.
Existe un proyecto de ley de trata de personas que tiene sólo media sanción de Diputados porque el poder gobernante recién ahora decidió discutir en serio.
El delito de trata tiene conexidad objetiva y subjetiva con los delitos de corrupción y los de lavado de activos, que son también delitos trasnacionales.
Trata, corrupción y lavado son delitos del poder (político y económico) que siempre van de la mano y que en la Argentina tienen total impunidad legal y judicial.
Un juez argentino prefiere juzgar 10 robos y cinco homicidios y no un delito de trata ni de corrupción ni de lavado. En la Argentina de 2012, los delitos del poder tienen impunidad absoluta. Legal, judicial y social. ( ¡ ! )
Un proceso judicial por corrupción dura un promedio de 14 años y sólo tiene un cuatro por ciento de condenas (informe Cipce, 2005).
Cuando la Presidenta y gran parte de la oposición se declaran escandalizados por la sentencia dictada en Tucumán, deben decir que saben que esa sentencia no es más que la punta de un iceberg.
Lo que está en el fondo de esa sentencia es la impunidad de delitos del poder, que en la Argentina de 2012 es absoluta y que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar.
Democratizar la Justicia quiere decir darle más ley, mayor independencia y mayor imparcialidad.
Y, por cierto, mayor castigo a los jueces deshonestos y nunca más jueces del poder.
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ARGENTINASIGLOXXI
