domingo, 19 de febrero de 2012

Protesta Social y Represión




Protesta Social y Represion


La protesta social no es punible, siempre que se la ejerza dentro de los límites de la legalidad y la convivencia civilizada, ya que el Estado tiene el deber de resguardar los derechos de los ciudadanos.

EDITORIAL © LA VOZ del Interior 19/02/2012

La palabra “represión” había caído casi en desuso. Y no porque no exista en el diccionario, con el significado que define la Real Academia, o en la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.

Sucede que en los últimos años, e impulsado por el gobierno kirchnerista, el ideal de tolerancia permanente se ha confundido con una especie de permisividad irrestricta. Hubo varios episodios en los que se alteró el orden público y se puso en riesgo la seguridad, la libertad y hasta la vida de las personas.

Incluso a veces quienes reprimían en los hechos eran los manifestantes o los grupos políticos violentos, que no trepidaban en agredir a policías o a simples ciudadanos.

Cabe una digresión: cuando asumió Néstor Kirchner como presidente de la Nación, en 2003, el país no acababa de salir de una dictadura represiva, sino que llevaba 20 años de democracia y de vigencia del Estado de derecho, de modo que el kirchnerismo no inventó nada nuevo en materia de protección a los derechos y garantías individuales. En todo caso, ese mérito correspondió al primer gobierno de la democracia recién restaurada, es decir el de Raúl Alfonsín a partir de 1983, y a la sociedad que lo acompañó.

El gobierno de los Kirchner tampoco estuvo solo en el proceso de promover la tolerancia. Hubo entidades de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y jueces que proclamaron la doctrina de que no se pueden penalizar las protestas sociales.

La doctrina es justa, ya que –en efecto– la protesta social no es un hecho punible en sí mismo. El problema surge cuando se exceden los límites de la legalidad y la convivencia, por aquello de que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.

El caso es que ahora, en una clásica vuelta de tuerca de la política argentina, es el gobierno kirchnerista el que ha sido puesto en el banquillo de los acusados por represión.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, rechazó el cambio de actitud del Estado en lo referido a las protestas sociales y criticó con dureza los últimos episodios en los que hubo represión, como los enfrentamientos de trabajadores camioneros con la Policía de Chubut, el choque en Catamarca por las marchas contra las minas a cielo abierto (un tema tan ambiental como el corte del puente de Gualeguaychú, que el kirchnerismo soportó y hasta avaló por más de dos años) o la represión a ex combatientes de Malvinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Son, por cierto, situaciones distintas, que merecen tratamientos distintos. Pero hay un principio general: la protesta social no es punible, siempre y cuando se ejerza dentro de los límites de la legalidad y la convivencia civilizada, sin violencia y sin agresiones a las personas y los bienes públicos y privados.

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COMENTARIO de Juan Ubaldo Mason, autor de este Blog “ArgentinaSigloXXI”

El lector visitante de este BLOG-PROPUESTA DE REFORMA MODERNIZADORA de nuestra CONSTITUCION comprobará que estos problemas, o temas, son: Profunda, Concisa, Clara y Medularmente tratados y definidos tanto en el PEDESTAL 4º como en su ARTÍCULO 10º.

Por lo que se sugiere una detenida reflexión consciente hacia la propia ACTITUD a adoptar, sobre PROMOVER O NO la reforma QUE PROPONE.-
Agradeciendo por anticipado su atención, les saluda



Juan Ubaldo Mason



domingo, 12 de febrero de 2012

Cómo van a aplicar el rigor de la ley?

Cómo van a aplicar el rigor de la ley?


El gobernador José Manuel de la Sota anunció que enviará un proyecto de ley para castigar con mayor dureza los excesos en las protestas.

Adrián Vitali.                                                                             ©    La Voz del Interior 12/02/2012


El gobernador José Manuel de la Sota anunció que enviará un proyecto de ley para castigar con mayor dureza los excesos en las protestas y que sancionará de modo severo a quienes quemen cubiertas en la vía pública, porque contaminan al medio ambiente, y a los que tiren bombas de estruendo que puedan causar muerte o daños físicos.

Los vecinos que cortan calles y queman gomas en forma ocasional no son una corporación creada por grupos extremistas internacionales, financiados por la oposición para atentar contra una gestión oficial.

Cuando lo hacen, es porque se les ha privado de algún bien esencial, como el agua, la luz, el transporte, la seguridad, la salud o el trabajo.

Lo hacen para que los vean y los escuchen a través de los medios de comunicación y algún funcionario de los que tienen la responsabilidad y el deber de solucionarles los problemas, se anime y pueda recibirlos.

La gente, en los cortes de calles, no tira bombas de estruendo. Las bombas se tiran en el centro de la Capital, en marchas de protestas organizadas por gremios o por partidos políticos, con capacidad económica para semejante gasto.

Los cortes de calles en la periferia de la ciudad nunca son planificados, no son dolosos; son auténticas puebladas donde los vecinos hartos salen a cortar la indiferencia de los estados que subestiman su paciencia y su altruismo.

Los vecinos que cortan las calles no son los responsables de los problemas ambientales, ni los culpables del calentamiento global porque quemen alguna cubierta vieja donada por la gomería del barrio.

Frente a los reclamos sociales, ¿cómo van a hacer para aplicar el rigor de la ley? ¿A quién van a detener? ¿Al gomero del barrio que aportó la cubierta en desuso? ¿Al empleado de la estación de servicio que expende combustible en un bidón sin tapa? ¿Al quiosquero que vendió una caja de fósforo? ¿A todos los que están cortando la calle? ¿O a los funcionarios que tenían que hacer las obras para una mejor calidad de los servicios y no las hicieron?

Cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades constitucionales, está atentando contra la paz social. ¿Por qué será que siempre se sanciona al que reacciona y nunca al que provoca? El que quiera entender, que entienda.

Si queremos erradicar las bombas de estruendo, las quemas de cubiertas, los cortes de calles, tenemos que fijarnos en las políticas que diseñamos.

Los cortes de calles no sólo son molestos y riesgosos sino que son la manifestación de una tragedia futurista.



* Uno de los autores del libro “Cinco curas, confesiones silenciadas”.



Mi  RESPUESTA
breve, en la misma fecha, de Juan Ubaldo Mason, en este blog de su autoría “ArgentinaSigloXXI”.-

Al Sr Adrián Vitale:

Ud ha tenido oportunidades o, como en este caso, de editar en la nutrida compañía de varios ex sacerdotes o contestatarios, sea a veces desde el púlpito confesional; sea mediante editoriales con libros o libelos; como el citado en la nota que menciono; sus opiniones acerca de diversos, discutibles, presuntos o reales, “temas sociales” que trascienden lo religioso como en éste expresa.-

La paz social y la convivencia pacífica, son características propias e inherentes a la vigencia de un sistema Civil, Laico, Republicano y de Derecho, donde se respeten las leyes y se disfrute de los derechos que éstas nos confieren.

Por lo que me place responder a Ud. que, probablemente, el funcionario que Ud. cita, esté de acuerdo por haber leído alguna de las opiniones volcadas en mi propuesta de reforma constitucional, según se describe en mis Declaraciones Liminares y/o Creencias Básicas y en el texto del Articulo Nº 10 que propongo en ese trabajo.

Si fuere así, por mi parte, me apresuro a anticipar y confirmar esa disposición adhiriéndome en plenitud a ella.

Y, por lo tanto rechazo cualquier categorización de “lucha social” a una eventual y equívoca “lucha de clases”.

Juan Ubaldo Mason